Los recientes Decretos Ejecutivos No. 440 y No. 441, emitidos por el Gobierno Nacional, introducen cambios relevantes para la política habitacional del país. Por un lado, reglamentan la aplicación de incentivos tributarios para la donación de Vivienda de Interés Social (VIS), promoviendo una mayor participación del sector privado. Por otro, actualizan los segmentos y valores máximos de la Vivienda de Interés Social e Interés Público, vigentes desde 2022, con el propósito de ampliar el acceso a soluciones habitacionales para miles de familias ecuatorianas.
Para Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos y desarrollador inmobiliario, ambas decisiones representan una señal positiva para el sector, especialmente porque fortalecen los mecanismos de acceso a la vivienda para los segmentos de menores ingresos.
«Se está haciendo una apuesta diferente que puede democratizar aún más el acceso a una vivienda. Los nuevos límites para la vivienda de interés social permiten que más familias puedan acceder a una solución habitacional acorde con la realidad actual del mercado», afirma Proaño.
Uno de los cambios más relevantes es la actualización del segundo segmento de Vivienda de Interés Social, cuyo valor máximo aumenta hasta 135 Salarios Básicos Unificados (SBU), equivalentes aproximadamente a 65.000 dólares, acompañado de un subsidio estatal de hasta 21 SBU y la posibilidad de acceder a créditos hipotecarios preferenciales de hasta 30 años.
Según Proaño, esta actualización responde a una necesidad que venía siendo planteada por el sector constructor desde hace varios años.
«La vivienda parcialmente subsidiada deja de tener un techo cercano a los 49.000 dólares y pasa aproximadamente a los 65.000 dólares. Además, el incremento del subsidio permitirá que más familias puedan acceder a una vivienda propia», explica.
Otro aspecto destacado es la expedición del Reglamento para la aplicación del régimen de incentivos tributarios para Vivienda de Interés Social, que crea un procedimiento simplificado para que empresas y personas puedan realizar donaciones destinadas a proyectos habitacionales.
La normativa incorpora una ventanilla única digital, un catálogo público de necesidades habitacionales y plazos definidos para la aprobación y ejecución de los procesos, además de permitir dos modalidades de participación: la donación de viviendas completas o la entrega de recursos económicos destinados a financiar subsidios parciales.
Para Proaño, esta última modalidad amplía significativamente las posibilidades de colaboración entre el Estado y el sector privado.
«Ahora las empresas no necesariamente deberán donar una vivienda completamente construida. También podrán aportar recursos económicos para fortalecer los subsidios parciales que entrega el Estado, lo que abre nuevas oportunidades para sumar esfuerzos y atender a un mayor número de familias.»
Si bien el sector valora positivamente ambos decretos, considera que aún existen desafíos pendientes para consolidar una política integral de vivienda.
Uno de ellos es la actualización de los límites establecidos para la Vivienda de Interés Público (VIP) y para el tercer segmento de vivienda social, que concentran una parte importante de la oferta inmobiliaria nacional y generan un alto impacto en empleo e inversión.
Actualmente, los valores máximos continúan vinculados al Salario Básico Unificado, cuya evolución no refleja el incremento que han experimentado los costos de los materiales de construcción durante los últimos años.
«El costo de los materiales ha crecido muy por encima de la evolución del salario básico. Por ello creemos que es momento de abrir una discusión técnica que permita revisar los límites de la Vivienda de Interés Público. Es un segmento que, además de atender a miles de familias ecuatorianas, impulsa la inversión privada, genera empleo y dinamiza la economía», señala Proaño.
El promotor inmobiliario concluye que las recientes reformas constituyen un avance importante en materia de política habitacional y representan una oportunidad para continuar fortaleciendo la colaboración entre el Estado y el sector privado, con el objetivo de ampliar el acceso a vivienda digna y contribuir al desarrollo económico del país.